La cultura dominante ha clasificado y marginado a las personas según sus gustos, preferencias, formas de expresarse, de vestir y de amar. De esta forma, el patriarcado les ha asignado un estatus superior a los hombres cisgénero y ha puesto en una condición de desventaja y subordinación a las mujeres. En esta misma lógica, se ha impuesto socialmente la heteronormatividad y la cisnormatividad.
Frente a todo esto, las personas que no se ajustan a las normas de lo patriarcal, lo hetero y cisnormativo han sufrido violencias y discriminaciones históricamente. En Colombia sólo hasta 1980 se despenalizó la homosexualidad del Código Penal. Así, las personas con orientaciones e identidades sexuales y expresiones de género diversas (OSIGEG), es decir, que no encajan en las estructuras dominantes, han buscado reclamar sus derechos y un lugar en la sociedad.
Escuchar podcast “Diversidades y ruralidad”El surgimiento del movimiento LGBTIQ+ en Colombia, denominado movimiento gay en los 70, se da en ciudades como Bogotá y Medellín inicialmente. En esta época surgió lo que se llamó el Movimiento por la Liberación Homosexual en cabeza de León Zuleta y Manuel Velandia. Este grupo organizó en Bogotá la primera marcha gay del país (Caribe Afirmativo, s.f.). Al desarrollarse las luchas en las grandes ciudades, implicaba que algunos de los avances en esta realidad no tuvieran suficiente alcance para impactar a las personas LGBTIQ+ de contextos rurales. Según Wilson Castañeda de la ONG Caribe Afirmativo, por esto existe la creencia de que para “salir del closet” hay que migrar hacia las grandes ciudades (Puentes, 2017).
La invisibilización y discriminación histórica que han sufrido las personas LGBTIQ+ de zonas rurales empobrecidas y marginadas, - en donde los prejuicios y estereotipos relacionados con las OSIGEG opuestas a las normas dominantes están latentes-, ha permitido que los actores armados impongan proyectos de control social y moral que regulan los cuerpos, la sexualidad y la vida de las poblaciones (Caribe Afirmativo, 2020, p.12). Por esta razón, el conflicto armado ha tenido un impacto diferenciado en los cuerpos y en los proyectos de vida de la población LGBTIQ+. Sin embargo, en algunos de estos contextos las personas LGBTIQ+ comenzaron a posicionarse como sujetos activos de un “proceso social que, a pesar de la adversidad de la violencia, fue construyendo su propia agenda de incidencia y esbozando unos derroteros de consolidación de su ciudadanía” (Caribe Afirmativo, 2020, pp. 11-12).
En contextos marginales y adversos se conformaron colectivos y grupos de personas LGBTIQ+. Entre estos, dos de los tres sujetos colectivos LGBTIQ+1 de reparación reconocidos por el Estado como víctimas del conflicto armado pertenecen a zonas rurales.
Uno de ellos es el Colectivo Crisálida LGBTI en San Rafael (Antioquia), un grupo de personas de OSIGEG diversas que, frente a los maltratos y discriminaciones de la Fuerza Pública y las mal llamadas prácticas de “limpieza social”, en los años 90 decidieron juntarse en las zonas rurales del municipio “para realizar manifestaciones de diversidad sexual y de género en el territorio. Esta juntanza se convirtió en un espacio de liderazgo y trabajo comunitario, sus líderes desarrollaban iniciativas con impacto en la comunidad como reconstrucciones de vivienda, recolectas de alimentos, entre otras” (Caribe Afirmativo, 2020, p. 101).
"En Colombia sólo hasta 1980 se despenalizó la homosexualidad del Código Penal. Así, las personas con orientaciones e identidades sexuales y expresiones de género diversas (OSIGEG), es decir, que no encajan en las estructuras dominantes, han buscado reclamar sus derechos y un lugar en la sociedad."
Posteriormente, cuando llegaron los paramilitares a San Rafel, las expresiones, las identidades de género y las orientaciones sexuales de personas LGBTIQ+ se volvieron objeto de control social y moral por parte de los grupos armados, quienes buscaban enviar mensajes ejemplarizantes a la población para que se ajustara a sus estándares de lo “normal”, “deseable” y “aceptable”. Este orden social limitaba y censuraba las OSIGEG diversas. El colectivo Crisálida fue considerado una amenaza al proyecto social de los grupos paramilitares por considerarse que subvertía sus normas morales y, por esto, fue objeto de diferentes tipos de violencias que incluyeron el asesinato y el desplazamiento de algunos de la mayoría de sus integrantes, además de las amenazas, intimidaciones y detenciones arbitrarias (Caribe Afirmativo, 2020, pp. 103-106).
En otro lugar del país, en El Carmen de Bolívar, municipio ubicado en la subregión de los Montes de María. Los grupos armados impusieron su proyecto de control y regulación social y moral en el que la población LGBTIQ+ no encajaba por el hecho de subvertir las normas dominantes del género y la sexualidad. En este contexto, como una forma de resistir frente a la violencia de los actores armados, un grupo de personas LGBTIQ+, especialmente mujeres trans y hombres gais, decidieron empezar a habitar el espacio público y hacerse visibles desde sus OSIGEG diversas. Así, distintas personas LGBTIQ+ formaron la colectividad LGBT de El Carmen de Bolívar. Este grupo se convirtió en un espacio de empoderamiento, de reivindicación y de sanación colectiva. Muchos de sus integrantes fueron víctimas de diferentes tipos de violencia por parte de actores armados legales e ilegales, incluyendo las amenazas, el trabajo forzado, la violencia sexual, la tortura, y el desplazamiento forzado, pero con el apoyo de la colectividad lograron denunciar y exigir la garantía de sus derechos (Caribe Afirmativo, 2020, pp. 106-111).
El proceso de estos colectivos evidencia cómo desde las márgenes, y desde la ruralidad, las personas LGBTIQ+ han trabajado por reclamar sus derechos y un lugar en sus territorios. De esta forma, estos grupos han logrado tener incidencia política en sus contextos y reconocimiento como víctimas LGBTIQ+ del conflicto armado representa un avance en términos de verdad y reparación.
Ver Fanzine sobre “Diversidades en contextos rurales”
El Acuerdo de Paz con las FARC incorporó la transversalización de un enfoque de género en cada uno de los puntos acordados. No obstante, es importante resaltar que, este fue uno de los temas más críticos y polémicos en las discusiones y negociaciones con sectores religiosos y conservadores opositores al Acuerdo. Finalmente, se realizaron algunos ajustes entre los cuales se eliminaron términos como diversidades sexuales, identidades de género, equidad de género. Sin embargo, se incluyó el principio de garantía del derecho a la igualdad y a la discriminación. Esto implicó un avance histórico en términos de derechos paras las mujeres y la población LGBTIQ+. A pesar de lo complejo del debate, el 90% de lo negociado inicialmente con organizaciones de mujeres y sectores LGBTIQ+ se mantuvo en el texto final. (Mazzoldi, Cuesta, 2017, febrero 2).
En lo que respecta a la población rural, el Acuerdo de Paz incluye diferentes objetivos y acciones en estos territorios como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Sin embargo, organizaciones de los sectores LGBTIQ+ reportan que en el tiempo de implementación no se han desarrollado estrategias “para garantizar el acceso de las personas LGBTI a la oferta institucional de la Reforma Rural Integral” (GPAZ, 2021, p.31).
En los años de implementación del Acuerdo de Paz, desde la gestión de órganos como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Justicia Especial para la Paz, se han podido visibilizar y esclarecer las violencias diferenciadas que sufrieron en el conflicto armado las personas LGBTIQ+ en el país y las mujeres.
El informe final de la (CEV) mostró que las violencias diferenciadas que sufrieron las personas LGBTIQ+ fueron profundizadas por su intersección con otras violencias basadas en la identidad étnica y racial. El 14.6% de las víctimas LGBTIQ+ incluidas en el informe se reconocieron como negras, afrocolombianas o raizales y el 4,3% como indígenas (CEV, 2022, pp. 394-395). Teniendo en cuenta que muchas de las personas con identidad étnica-racial provienen de zonas de rurales, evidencia el impacto desproporcionado y diferenciado de las violencias sobre estas poblaciones, violencias que no sólo se limitan al accionar de grupos armados ilegales sino también a los estereotipos, prejuicios y discriminaciones estructurales que hay en la sociedad y que han hecho que estas personas enfrenten lo que se denomina un continuum de violencias a lo largo de sus vidas.
Diferentes organizaciones han documentado las violencias que ha sufrido la población LGBTIQ+ afrocolombiana en lugares como el Sur de Bolívar, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, en el Pacífico Sur colombiano donde además de la violencia racial han tenido que enfrentar los prejuicios y discriminaciones en razón de sus OSIGEG diversas. Esto ha puesto en evidencia las disonancias entre los movimientos LGBTIQ+ y afrodescendientes, los cuales en muchos casos no han incorporado un enfoque interseccional que permita comprender y colaborar mutuamente con las luchas y exigencias de cada uno y, por el contrario, en sus dinámicas se han reproducido prácticas racistas y LGBTIQ+fóbicas (Instituto Raza, Igualdad y Derechos Humanos et al., 2021, pp.61-63).
"El informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) mostró que las violencias diferenciadas que sufrieron las personas LGBTIQ+ fueron profundizadas por su intersección con otras violencias basadas en la identidad étnica y racial."
Son pocas las experiencias que han sido documentadas de personas de la población LGTBIQ+ de comunidades étnicas. En estas investigaciones se ha reportado que muchas comunidades indígenas, como por ejemplo los wayúu, expulsan o excluyen a personas con OSIGEG diversas (Caribe Afirmativo, 2016) (CEV, 2022, p. 473). La presencia de actores armados en los territorios ha exacerbado estas discriminaciones y violencias. Tanto en el caso de las personas LGBTIQ+ indígenas como afrocolombianas, se han incluido desde el Estado de forma enunciativa los enfoques de género y diferenciales, sin embargo, su implementación en los territorios desde las políticas y acciones ha sido deficiente y, por consiguiente, no ha habido transformaciones significativas que impacten las vidas de estas poblaciones (Instituto Raza, Igualdad y Derechos Humanos et al., 2021, p.-63).
Ver historieta “La angustia de Carlota”
Uno de los retos de la agenda LGBTIQ+ en el país es incorporar e implementar efectivamente en las políticas, planes y proyectos el enfoque de género desde la interseccionalidad, teniendo en cuenta las realidades y necesidades diferenciadas y particulares de la población LGBTIQ+ rural. Frente a esto, diversos lideres, lideresas y organizaciones de mujeres y población LGBTIQ+ en el país han argumentado que la implementación del enfoque de género del Acuerdo de Paz en los territorios PDET no se está dando de manera efectiva. Algunas de las barreras que han identificado están relacionadas con el difícil acceso a empleos en la ruralidad para la población LGBTIQ+, la estructuración de un proyecto de vida en estas zonas, en donde prima lo comunitario, y aún perviven fuertes prejuicios y estigmas sobre las personas con OSIGEG diversas, quienes por consiguiente son excluidas (Corredor, S. (2022, octubre 29).
A pesar de estas barreras, y de que la implementación del enfoque de género se ha dado de forma limitada, lo establecido en el Acuerdo de Paz representa una oportunidad de transformación de las condiciones de vida de la población LGBTIQ+ en las zonas rurales, desde un enfoque de género e interseccional, que promueva la eliminación de los prejuicios y estereotipos LGBTIQ+fóbicos, racistas, sexistas, misóginos, clasistas y dé cabida a la construcción de proyectos de vida desde la diversidad, la paz y la reconciliación en los diferentes territorios del país.