Las décadas de conflicto armado en Colombia han dejado innumerables secuelas y más de nueve millones de víctimas1, de las cuales el 51.1% han sido mujeres (Reyes, M., 2022, abril 9). La guerra ha exacerbado las violencias de género que tanto mujeres como población LGBTIQ+ han experimentado cotidianamente a lo largo de sus vidas.
Ver especial sobre Violencias Basadas en GéneroSocialmente, a las mujeres se les han asignado roles y obligaciones específicos. Por ejemplo, el de cuidadoras. El papel de las mujeres en la sociedad ha hecho que las afectaciones de la guerra en sus vidas, cuerpos y territorios sean diferentes a las de otros grupos poblacionales. Esto sumado a las violencias que enfrentan las mujeres en múltiples escenarios cotidianos por el hecho de ser mujeres. En el contexto de guerra, “los actores armados comprendieron rápidamente que controlar los territorios implicaba controlar a las mujeres, y para esto era necesario controlar su vida y su cuerpo, y romper el tejido social” (CEV, 2022, p.41). Las mujeres han sufrido los vejámenes del conflicto armado de manera diferenciada, y desproporcionada, en buena medida, como consecuencia de las discriminaciones hacia ellas en un sistema de dominación patriarcal que ha jerarquizado la sociedad entorno a las construcciones socioculturales sobre el sexo y el género. En este sistema los hombres, o los patriarcas, bajo una idea de superioridad, dominan y oprimen a las mujeres o quienes se feminizan (CEV, 2022, pp. 176 y 590).
Por otra parte, las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersexuales y queer (LGBTIQ+) han sufrido históricamente discriminaciones estructurales en diferentes espacios (familiares, laborales, comunitarios, etc.), pues se considera que subvierten las normas dominantes del género y la sexualidad dentro de la estructura hegemónica heteronormativa y patriarcal. La heteronormatividad se representa como un “sistema de poder social que reproduce como correctas, deseables y obligatorias las relaciones heterosexuales”, por encima de las relaciones entre personas del mismo sexo o género (CEV, 2022, p. 587). Estos imaginarios y prejuicios posibilitan que en el contexto de conflicto armado se instalen proyectos de control social que buscan el establecimiento de un orden moral en el que las personas con identidades de género y orientaciones sexuales no normativas no tienen cabida (CNMH, 2015, p.26).
Escucha el podcast “Liderazgo, género y construcción de paz”Las historias de violencia vividas por mujeres y personas de la población LGBTIQ+ en el conflicto armado y en la cotidianidad son únicas y están determinadas por la particularidad de los contextos y sus experiencias. Adicionalmente, factores como las condiciones socioeconómicas, la identidad racial y étnica o el hecho de habitar una zona rural o urbana, determinan también la forma en la que estas personas han sido impactadas por la guerra. Igualmente, es importante mencionar que tanto las mujeres como los sectores LGBTIQ+ sufren lo que se denomina un contínuum de violencias. Es decir que, las diferentes violencias que sufren en diversos escenarios están interconectadas y son persistentes a lo largo del tiempo, de esta forma, se genera una especie de circularidad entre estas violencias (CNMH, 2015, p.26) (CEV, 2022, p.178).
Frente a las discriminaciones y violencias, la respuesta de lideresas y líderes sociales, de organizaciones feministas, de mujeres y de población LGBTIQ+ ha sido romper el ciclo de violencia y mantenerse en pie de lucha para recomponer el tejido social desde su rol como agentes de transformación y de construcción de paz. En gran medida, muchos de los avances que se han dado en el posicionamiento de los temas de reparación, memoria y atención a víctimas del conflicto armado son producto de la labor de las organizaciones de víctimas del país. Entre estos logros o hitos históricos, cabe destacar que, en el año 2011, después de décadas de vivir en guerra, el Estado reconoció oficialmente el conflicto armado colombiano, y a las víctimas de este. En consecuencia, se creó la Ley 14482 de 2011 en la cual se dictan medidas para la atención, asistencia y reparación a las víctimas del conflicto armado.
Dentro de este reconocimiento, y como parte de la Ley, se declaró el 9 de abril como el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Así, cada año, en todo el país y en algunos consulados, se realizan “actos de memoria y reconocimiento de los hechos que han victimizado a millones de colombianos” (Unidad Víctimas, 2023). Esta fecha es una oportunidad para reflexionar sobre nuestra historia, hacer memoria y solidarizarnos con las víctimas y propender por la garantía de sus derechos. Asimismo, como parte del mandato de la Ley 1448 se crearon: la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la Unidad de Restitución de Tierras y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
Ver historietaLa gestión de la UARIV y de la Unidad de Restitución de Tierras ha logrado avances en la reparación integral de las víctimas en Colombia. Desde un enfoque de género, estas entidades han implementado medidas para garantizar los derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ+. Entre las acciones realizadas se ha dado atención humanitaria, indemnizaciones administrativas y judiciales, reparaciones colectivas y restitución de tierras. No obstante, las cifras demuestran que aún falta avanzar en el cumplimiento de los objetivos, ya que hasta el año 2022, las reparaciones hechas correspondían solamente al 16% del total de las víctimas. En cuanto a la restitución de tierras, sólo el 9% de las solicitudes habían sido resueltas hasta esa fecha (Reyes, M., 2022, abril 9).
La creación del CNMH significó aportar al derecho a la verdad que se les reconoció a las víctimas y a la sociedad colombiana y brindar garantías para el desarrollo de un proceso de reconstrucción de memoria histórica en el país. Esta entidad en su labor de reconstrucción de memoria ha producido múltiples informes sobre diferentes regiones, acontecimientos y poblaciones afectadas por el conflicto. En el año 2012 presentó un informe macro denominado “¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad”. En este documento se incluye el primer reconocimiento oficial por parte de una entidad estatal de los hechos ocurridos en el conflicto armado, los daños, los impactos y las diferentes formas de violencia ocurridas en la guerra en Colombia desde 1958. El CNMH incorporó e implementó el enfoque de género en el desarrollo de sus actividades, investigaciones e informes con el objetivo de tener en cuenta las relaciones desiguales de género que existen en la sociedad y cómo estas han influido en las dinámicas de los contextos de guerra y de esta forma tener una compresión integral acerca de lo ocurrido en el conflicto armado (CNMH, 2023).
Posteriormente, en 2016, el Acuerdo de Paz firmado con las FARC-EP tuvo como uno de los ejes centrales las exigencias y reivindicaciones de las víctimas. El Punto 5 del Acuerdo condensa lo que se pactó implementar en este sentido. Adicionalmente, se ordenó la creación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Dentro de este sistema y para alcanzar estos objetivos se dio origen a: la Justicia Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas (UBPD). La creación de estas entidades ha significado un avance en la garantía de los derechos de las víctimas. La transversalización del enfoque de género fue una de las piedras angulares del Acuerdo de Paz y en términos de implementación las entidades del SIVJRNR han dado cumplimiento incorporando este enfoque en su gestión. Por ejemplo, en el informe final de la CEV se incluyó un tomo acerca de las violencias que sufrieron las mujeres y la población LGBTIQ+ en el marco del conflicto armado colombiano. Asimismo, la JEP abrió un macrocaso sobre “violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes motivados por el género, sexo, orientación o identidad de género” (Caribe Afirmativo, 2022 julio 15).
Ver fanzine sobre liderazgo, género y construcción de pazEn conclusión, si bien se han dado avances en pro de los derechos y la reparación de las mujeres y las personas de la población LGBTIQ+ que han sufrido las consecuencias del conflicto armado, la implementación de estas medidas ha sido lenta y en muchos territorios los riesgos para estas poblaciones siguen presentes. Los reportes de Indepaz muestran que, desde de la firma del Acuerdo de Paz hasta marzo de 2023 han sido asesinadas 199 mujeres entre lideresas sociales y firmantes del Acuerdo (Corredor, S., 2023 marzo 8). Adicionalmente, desde 2016 hasta noviembre de 2022, 1.389 líderes y lideresas sociales fueron asesinados, entre estos 22 defendían los derechos de la población LGBTIQ+ (Caribe Afirmativo, 2022 noviembre 24). Si se quiere avanzar en las medidas de reparación y en la implementación del Acuerdo de Paz se necesita voluntad política y compromiso con la financiación y la celeridad de todos los procesos que involucran a las víctimas. Igualmente, es necesario que el Estado ofrezca garantías de seguridad para que los líderes y lideresas puedan continuar desarrollando sus labores en los territorios sin que esto implique un riesgo inminente para sus vidas.