El 8 de marzo (8M), Día Internacional de la Mujer, es una fecha conmemorativa a nivel mundial, reconocida por las Naciones Unidas y múltiples países que se ha convertido en una ocasión para recordar las luchas feministas y defender los logros de las mujeres. El origen de esta fecha se remonta a varios hechos de finales del siglo XIX, en plena Revolución Industrial. Uno de ellos fueron las protestas masivas de trabajadoras de fábricas textiles en las calles de Nueva York, en 1857, exigiendo mejores condiciones laborales y un aumento en los salarios, la eliminación del trabajo infantil y el derecho al voto bajo el lema “pan y rosas”. Estas huelgas de mujeres obreras se daban también en varios lugares de Europa. Otro de estos sucesos fue la muerte de cerca de 120 mujeres trabajadoras, en su mayoría migrantes, en un incendio en una fábrica textil en Nueva York, quienes eran sometidas a precarias condiciones laborales (Blakemore, 2020).
Ver fanzineDesde entonces la conmemoración del 8M permite reconocer algunos de los avances que se han dado en términos de derechos laborales para las mujeres como resultado de las reivindicaciones de las trabajadoras y sindicalistas. Y evidencia que, a pesar de estos logros, aún hace falta alcanzar reconocimiento en otras esferas, como en los trabajos de cuidado y domésticos remunerados y no remunerados.
Parte de este poco reconocimiento se evidencia en la división sexual del trabajo donde se reproducen las inequidades de género existentes en la sociedad y, por ende, en la distribución, valoración y remuneración de los trabajos domésticos y de cuidado. Tanto en el ámbito privado como en el comunitario, las mujeres tienen una mayor carga de estas labores, lo que incide en la limitación de oportunidades para vincularse a otros trabajos remunerados y, en últimas, afecta su autonomía económica (ONU Mujeres, 2022 p. 22). Para el caso de los trabajos domésticos o de cuidado remunerados, suelen ser las mujeres quienes los realizan mayoritariamente; además, los desempeñan en condiciones precarizadas y de alta informalidad, con bajos salarios y pocas o inexistentes garantías de seguridad social o estabilidad.
“El trabajo doméstico y de cuidado puede ser remunerado o no. Podría decirse que el primero adquiere un carácter público, en tanto se incorpora a las relaciones mercantiles y se enmarca en una relación laboral” (Osorio y Jiménez, 2019, p.17). Sin embargo, incluso cuando estas tareas son remuneradas, resultan “deslaborizadas”. Eso significa que no son reconocidas ni remuneradas adecuadamente, sino que se dan en la informalidad y en condiciones de precarización laboral (Ibíd, p.17). Es común que las labores domésticas y de cuidado sean vistas como de apoyo o ayuda y no como un trabajo. En contextos como el colombiano se reproduce en los discursos la denominación de “señoras o mujeres que ayudan en el hogar”, y no de trabajadoras domésticas. Esto evidencia que, incluso desde la forma en la que se nombra, este trabajo es invisibilizado y no es valorado social ni económicamente.
Cabe puntualizar que las labores de trabajo doméstico y de cuidados remuneradas son desempeñadas de manera diferenciada según las condiciones socioeconómicas e incluso el origen e identidad étnica racial de las mujeres. Las mujeres más empobrecidas, con bajos niveles de escolaridad y en muchos casos migrantes, afro o indígenas, son las que más se vinculan a trabajos domésticos y de cuidado. Esto evidencia que las desigualdades de género afectan a todas las mujeres, pero no de la misma forma pues varían según sus contextos y condiciones sociales, económicas e identitarias.
La Organización Internacional para el Trabajo (OIT) adoptó en 2011 el Convenio 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, que fue ratificado por 18 países de América Latina y el Caribe. La OIT estimó que, en esta región, para 2019 14,8 millones de personas trabajaban en labores domésticas remuneradas. Esta cifra representa el 19,6% de trabajadores y trabajadoras domésticas del mundo. El 91,1% de quienes desempeñan estas labores de manera remunerada son mujeres, y una de cada nueve mujeres ocupadas en la región es trabajadora doméstica( OIT, 2021, p.5) Esto muestra la feminización del trabajo doméstico y de cuidado, así como la importancia que tiene como fuente de empleo para las mujeres, especialmente para las migrantes. “El trabajo doméstico remunerado tiene un mayor peso para las mujeres migrantes que para las nacionales” (OIT, 2021, pp. 4-7). Todo ello ha implicado que las trabajadoras domésticas migrantes estén expuestas a situaciones de vulnerabilidad y desprotección laboral, debido a que, frecuentemente, su estatus migratorio es irregular y las leyes migratorias y laborales de los países por lo general no cuentan con medidas de protección de sus derechos.
La normativa internacional ha permitido que en los países de América Latina se den avances jurídicos y de políticas públicas para la promoción y reconocimiento de los derechos de las trabajadoras domésticas. Estos logros han sido distintos en todos los países según los contextos políticos, sociales y jurídicos. Entre los avances más destacables en muchos de estos países están: el reconocimiento de un salario mínimo, de una jornada laboral definida en número de horas diarias y semanales, de un tiempo de descanso semanal y de tiempo de vacaciones remuneradas (OIT, 2021).
Por otro lado, en situaciones adversas —como en el contexto de la pandemia causada por el coronavirus— las mujeres están más expuestas que los hombres al desempleo, a la distribución inequitativa de las labores de cuidado y domésticas no remuneradas y a la discriminación salarial, lo que afecta su autonomía económica. Algunos estudios han mostrado que la carga de trabajo no remunerado que tienen las mujeres hace que las oportunidades y el tiempo de vincularse al mercado laboral se reduzcan (ONU Mujeres, 2022, pp. 23-28).
Por otra parte, aproximadamente “el 77,5% de las mujeres ocupadas en el sector del trabajo doméstico lo hacen en condiciones de informalidad” (ONU Mujeres, 2022, p. 28). Las trabajadoras domésticas no suelen contar con garantías de seguridad social completa. Por ejemplo, los empleadores no suelen reconocerles el pago de salud, pensión o seguros ante riesgos laborales. Y aunque en la normatividad se reconoce el salario mínimo para sus labores, lo que reciben estas trabajadoras representa el 56,4% del ingreso promedio de otras labores asalariadas. En cuanto a los datos disponibles, debido a que el trabajo doméstico y de cuidado remunerado se suele desarrollar en el ámbito privado —y a veces de manera informal— hay un subregistro que también dificulta diferenciar las labores propias relacionadas con lo doméstico y las que tienen que ver con el cuidado (Ibid., p.30).
Ver especial economía del cuidadoEl panorama del trabajo doméstico y de cuidado remunerado muestra la desigualdad para las mujeres en el acceso al mercado laboral. Los datos también evidencian que las mujeres con mayor nivel educativo destinan menos tiempo a las labores domésticas y de cuidado no remuneradas. En América Latina “el menor acceso al mercado de trabajo está básicamente determinado por dos variables: el nivel socioeconómico y educativo de las mujeres y el ciclo de vida” (ONU Mujeres, 2022, p. 42). Así que las políticas públicas que buscan promover la equidad de género y la autonomía económica deberían enfocarse en ampliar la participación laboral de las mujeres de niveles socioeconómicos más bajos y en edad fértil.
En 2012 Colombia adoptó el Convenio 189 de la OIT. A partir de entonces se han dado algunos avances normativos y de políticas públicas relacionadas con el trabajo doméstico y de cuidado. Pese a ello, el 80% de las trabajadoras de este sector continúan en la informalidad laboral (Trabajo Doméstico, 2022).
Con el fin de reducir las inequidades de género y promover el posicionamiento de los temas de cuidado en las agendas nacionales y territoriales, el más reciente Plan Nacional de Desarrollo 2022-2024, incorporó, como uno de los ejes de las apuestas de género, la creación de un Sistema Nacional de Cuidado en todo el territorio nacional y la formulación de políticas que promuevan la corresponsabilidad de la familia y el Estado en estas labores (DNP, 2023). Sin embargo, los sindicatos de trabajadoras domésticas remuneradas manifestaron que no vieron reflejadas las propuestas y necesidades que habían socializado en los diálogos vinculantes previos a la elaboración del PND. Así que uno de los retos del Gobierno para los próximos años será lograr mejorar y fortalecer las condiciones laborales de estas trabajadoras, y el compromiso de la ciudadanía con la equidad de género será hacerles seguimiento a estas acciones.
En lo que respecta a los datos, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Departamento Nacional de Estadística (DANE), en 2019, 2,8 millones de mujeres y 776.000 hombres trabajaban en el sector del cuidado remunerado (Quanta, 2024). Sin embargo, algunas las investigaciones argumentan que existe un subregistro en los datos del trabajo doméstico en el país y que este tiene que ver con la forma en la que se miden estas labores y en la definición en sí misma que se tiene del trabajo doméstico. Es decir: desde lo oficial, en la GEIH se considera que el trabajo doméstico se desarrolla en un solo lugar, que se recibe un pago pago en salario y que lo desempeñan solo mayores de 10 años. Pero la realidad de las trabajadoras domésticas es que trabajan en múltiples lugares por días, informalmente y con varios empleadores.
Como se ha venido mencionando, en el sector del trabajo doméstico y de cuidado remunerado trabajan especialmente las mujeres más empobrecidas y con mayores factores de vulnerabilidad. Algo que también sucede en Colombia. Estas condiciones se acentúan en los ámbitos rurales, donde las trabajadoras domésticas son más empobrecidas que en lo urbano (Osorio y Jiménez, 2019, p.30.) Dichas brechas también se reflejan en lo que respecta a los niveles de educación de las trabajadoras domésticas urbanas y rurales. Las precariedades laborales del trabajo doméstico y de cuidado se cruzan con las interseccionalidades de las mujeres. “Por ejemplo, la idea de que las mujeres negras poseen mayor fuerza y resistencia física hace que, en muchos casos, se considere innecesaria la protección frente a los riesgos laborales o se aplique la atención médica frente a un accidente laboral” (Osorio y Jiménez, 2019, p.185). Esto evidencia que el poco reconocimiento y valoración del trabajo doméstico y de cuidado tiene una estrecha relación con las creencias de género, raza y clase dominantes en la sociedad.