
Hace 20 años Colombia comenzó un proceso de regulación minera buscando instaurar normas para la regulación del sector y su promoción, mediante mecanismos de generación y rastreo de títulos mineros, procesos de formalización, certificados de origen y títulos mineros. Estos esfuerzos reflejan la intención del Estado de mantener el sector como un eje prioritario en la economía nacional.
Todo ello ha permitido mejorar los mecanismos de generación de información y rastreo de títulos mineros, así como las capacidades para identificar las dinámicas y los lugares en donde ocurre la extracción ilegal.

Las leyes del sector son creadas, discutidas y decididas entre actores que no siempre representan todas las partes del sistema minero y en lugares apartados de donde ocurren las problemáticas. Además, las normas no siempre son consultadas ni concertadas con las comunidades.
Algunas normativas evidencian y profundizan la desarticulación de las instituciones a nivel nacional, regional y municipal.
Aunque constitucionalmente los municipios tienen poder para tomar decisiones, la realidad es que muchas veces no tienen recursos económicos, poder político y capacidades técnicas frente a asuntos ambientales, ordenamiento territorial, condiciones de uso del suelo y subsuelo para la extracción.
Resolver los problemas de implementación desde una visión centralista, incrementa las asimetrías y brechas entre el gobierno central y los actores regionales y locales, pues las soluciones no son siempre se adecúan al contexto.
Conexiones a otras Capas del Oro

El Estado cuenta con limitaciones presupuestales, informativas, de capacidades técnicas, legitimidad y confianza para aplicar la regulación.
Los esfuerzos de crear más normas y regulaciones, complejizan el sistema normativo.
Algunas de estas nuevas imposiciones normativas sobrecargan a los funcionarios locales, quienes no cuentan con suficientes capacidades técnicas ni presupuestales para cumplir con tareas adicionales.
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