Este enfoque se centra en castigar si no se cumple la regulación, en vez incentivar para la formalización. Las acciones de este enfoque son intermitentes y desarticuladas, lo que impide cambios positivos.

Bajo esta estrategia es difícil diferenciar entre minería criminal (atada a la presencia de grupos armados) y los otros tipos de minería no formal, lo que genera estigmatización de la minería informal. La fuerza pública termina percibiendo a los mineros locales como cómplices de los grupos criminales, lo que aumenta el distanciamiento con las instituciones que se encargan de aplicar la regulación, cuando no es consensuada ni se articula con las necesidades de las poblaciones.

En algunas comunidades existe la percepción del Estado como intruso que llega para castigar pero no a ayudar.